Mediante subcontratación ilegal empresas evaden más de 21 mil millones de pesos anuales: Zoé Robledo

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, señaló que debido a la subcontratación ilegal hay una evasión que supera los 21 mil millones de pesos anuales, lo cual ha afectado en tres dimensiones: trabajadores, empresas e instituciones del Gobierno Federal, en particular al propio Instituto.

Durante la inauguración del Parlamento Abierto en Materia de Subcontratación, que se llevó a cabo en el Senado de la República, el titular del IMSS señaló que este monto significa para el Seguro Social lo equivalente a construir 14 hospitales de segundo nivel o 210 unidades médicas de primer nivel de atención.

Indicó que en diciembre de 2019, el Seguro Social detectó a 14 mil 553 empresas que dieron de baja a todo su personal, que van de 101 hasta 500 empleados o más. Esa decisión afectó a alrededor de 64 mil trabajadores y sus familias.

Zoé Robledo dijo que al dar de baja a los trabajadores por varios periodos al año, ocasiona que pierdan asistencia médica. Esta discontinuidad en los derechos, en casos sobre todo de enfermedades crónico degenerativas, hacen que cuando alguien deja de recibir un tratamiento, y eventualmente lo regresan en un periodo posterior, muchas veces ya llega con una complicación adicional en esa enfermedad.

Señaló las principales afectaciones de la subcontratación ilegal: se abarata el costo de la mano de obra, disminuyen para los trabajadores sus ingresos y prestaciones, tienen menos estabilidad en el empleo, dejan de recibir ingresos por prima de antigüedad, vacaciones, aguinaldo y liquidación; además, se les registra con un salario menor al real, lo que repercute en sus ahorros para el retiro y pensión.

Subrayó que la menor recaudación de ingresos reduce la capacidad del Gobierno para fondear la seguridad social, en especial, servicios de salud y pensiones y, en el caso del Infonavit, la vivienda; además, se entorpece el crecimiento de la infraestructura y capacidad instalada de las instituciones públicas, para ofrecer mayores y mejores servicios de seguridad social.